Rappi se va de Baja California por las políticas fascistas de Morena

Rappi es una aplicación de entregas a domicilio de productos en tu localidad y ayer anunció en Facebook que se va de Baja California por crear nuevas sanciones e incluso carcelarias contra sus choferes y la misma compañía.

El día de ayer se publicó en el periódico oficial del estado de Baja California la aprobación del decreto 77, que se traduce como la ambición desmedida de los altos funcionarios por saquear, utilizando de excusa la “regulación”.

Esto es evidente cuando a cada chofer de este tipo de entregas, el gobierno estatal morenista le quiere cobrar 78 mil pesos por permiso para laborar, así es, y por chofer nos referimos al conductor de moto o bicicleta ¿De dónde un repartidor va sacar 78 mil pesos para poder trabajar? Lo bueno que a Morena le importa el pueblo.

Pero no conforme con ello, el diputado morenista Víctor Morán propuso cambiar el código penal para castigar con cárcel de 6 a 2 años, además de una multa, tanto a los choferes como quien dirige, organice o induzca el uso de estas apps, cabe mencionar que todos los de Morena votaron a favor de esta aberración.

Por medio de un comunicado, Rappi, comunicó a sus “aliados” que por las razones expresadas anteriormente, suspenden actividades en Baja California desde este martes 23 de junio de 2020, hasta nuevo aviso.

La voracidad de Morena queda expuesta puesto al manipular la ley para crear sanciones para que se regularice de forma ridícula una aplicación de entrega de productos a domicilio en plena contingencia sanitaria donde el mismo estado te dice “quédate en casa”. Varios ciudadanos han expresado su inconformidad en redes sociales sobre el actuar de este gobierno al mando de Bonilla.

Por su parte, el gobierno de municipal de Mexicali, bueno, Marina del Pilar, presidente municipal, en su página de Facebook dice establecieron comunicación con Rappi, dicen que su convicción es apoyar al gobierno local y que apoyaran a la empresa y cito “aunque no le corresponda al ámbito municipal” y “siempre que exista absoluto respeto a la legalidad”.

De esa forma Marina se lava las manos, porque ahora es legal que un chofer de un servicio como Rappi tenga que pagar al gobierno 78 mil pesos para trabajar y meter a la cárcel a quienes los coordinen u organicen, no es justo pero es legal gracias a tu partido.

Ahora los ciudadanos bajacalifornianos pronostican que la próxima compañía en irse será Uber Eats.