La ley de ciberseguridad dinamita libertades y derechos civiles

Poco se ha hablado en los grandes medios de comunicación sobre la ley de ciberseguridad que fue presentada como propuesta ante la cámara de diputados el martes 25 de abril de 2023. Es un asunto delicado pues tiene efecto negativo que atenta contra las libertades de los usuarios de internet por falta de especificaciones e ignoracia por parte del redactor.

La ley de ciberseguridad fue presentada por Javier López Casarín, diputado del Partido Verde Ecologista de México, aliado al partido Morena, el cual se encuentra en el poder.

R3D (Red En Defensa de los Derechos Digitales) mencionó al día siguiente de la presentación de la ley, que el diputado López Casarín revela un profundo desconocimiento de las nociones básicas de derechos humanos en el entorno digital, del funcionamiento de las tecnologías y la economía digital.

A su vez, menciona que fue una mala técnica legislativa pues invade competencias de órganos constitucionales autónomos, hasta resultados inviables o imposibles.

Los principales puntos preocupantes de la ley tienen que ver con la invasión a la privacidad por otorgar facultadades a los militares de monitereo en la red.

Además, no especifica los actos “ílicitos” que pretenden castigar, son vagos, abriendo la puerta a la censura a medios incómodos al poder o incluso a la protesta social llevada por medio ataques de denegación de servicio, pero vamos por partes.

Criminalización de Anonymous y todo hacktivista

Anonymous es un grupo hacktavista cuyo principal método es el ataque de denagación de servicio, ya sea tumbar el sitio de internet por medio de un hackeo o por medio del ataque DDos, este último consiste en la visita de muchos usuarios al mismo tiempo para tumbar la página.

Dentro de los argumentos para que entre en vigor la ley de cibersegurdiad, menciona en la página 12 el “ciberataque a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros por parte del grupo Anonymous (julio 2020)” y además que el “Banco de México fue objeto de un intento de ataque cibernético, lo cual provocó fallas e intermitencias en sus sistemas (julio 2020)”.

Lo que omitió la ley fue contextualizar y profundizar en su argumento, puesto que efectivamente, tiraron el sitio de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa De Los Usuarios de servicios Financieros, pero faltó el por qué.

Bueno, queda claro con el texto que dejaron los de Anonymous en dicha web que rezaba “AMLO, estamos hasta la madre. Condusef no nos responde lo que tú y tus lacayos hacen. Esta es la primera de muchas. Tenemos todas las quejas de los ciudadanos que han descartado, evidencia que les vale madre. Nuestro objetivo será Banxico y vamos a filtrar las grandes cantidades de triangulas entre tus minions. Necesitarán un plan de acción económica. En la mañanera te daremos con todo #AMLORenuncia“.

Aparentemente no tuvieron éxito al intentar ingresar a Banxico para exponer la corrupción de funcionarios públicos, pero parece que ese intento de los hacktavistas, es para el diputado López un fin “malicioso”, pues en la página 17 de la ley define ciberataque como “intento deliberado de obtener acceso a un sistema informático sin autorización o provocar su mal funcionamiento, sirviéndose de técnicas y vulnerabilidades para realizar actividades con fines maliciosos”.

En junio de 2001, un grupo de activistas en Alemania llamado Electronic Disturbance Theatre querían protestar contra la aerolínea Lufthansa porque en sus aviones deportaban inmigrantes; hicieron el ataque DDos al sitio de la aerolínea y eventualmente la corte alemana lo determinnó como una forma legítima de protesta.

Pese a dicho antecedente, el artículo 20 de la ley de ciberseguridad dice: “se consideran amenazas a la seguridad nacional en materia de ciberseguridad, aquellas que afecten el funcionamiento de algún sistema o infraestructura crítica de información”, es decir, tirar un sitio web del Estado Mexicano aunque sea en forma de protesta.

El artículo 68 revela que se busca castigar esto con una pena de 5 a 20 años de prisión y una multa de mil a 20 mil unidades de medida de actualización (UMA).

Militarización del ciberespacio

Uno de los puntos más graves de la ley es el artículo 28 que estipula: “Corresponderá a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en el ámbito de sus competencias y a través de las unidades administrativas que determinen sus titulares, la atención de los incidentes cibernéticos que provengan o sean promovidos por otros Estados sujetos de derecho internacional, para lo cual contarán con las siguientes atribuciones…

V. Ejercer el derecho de legítiuma defensa ante toda ciberamenaza y ciberataque que ponga en riesgo la soberanía, los intereses nacionales, las infrastructuras críticas de información.

VI. Realizar operaciones militares y navales en el ciberespacio, a fin de disminuir los riesgos en materia ciberseguridad”.

Pero además, la ley otorga a la SEDENA el derecho de monitorear por de Internet, otorgando el derecho de hasta violar la privacidad de los ciudadanos en el ciberespacio.

Irónicamente, el artículo 69 dice: “Quien a través de cualquier medio o método, intercepte sin una orden judicial, cualquier tipo de datos informáticos, electrónicos telemáticos, incluidas las emisiones electromagnéticas y radiofrecuencias, originadas y/o provenientes desde otro sistema o equipo o realizadas dentro del mismo, se le impondrá de 10 a 20 años de prisión y multa de 10 mil a 20 mil unidades de medida de actualización”.

En otras palabras, los soldados de la SEDENA que utilizaron Pegasus para espiar, perdón, para hacer labores de inteligencia, deberían estar en la cárcel según esa ley, por violar los derechos humanos de activistas y periodistas pues nadie vio una orden judicial para permitirles eso.

En contra de artistas

Otro artículo ambiguo, pues no especifíca nada o pone excepciones es el 78: “Al que describa, diseñe o grabe cualquier tipo de material digital, auditivo, fotográfico o video gráfico con el propósito de que sea exhibido, publicado o compartido a través de redes de sistemas informáticos, electrónicos, telemáticos, programas o aplicaciones que sean producto de la evolución tecnológica mediante los cuales se incite, facilite, induzca u obligue a personas a ocasionar un daño físico, psicológico o material, a sí mismas o a terceros, se sancionará con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de quinientas a mil unidades de medida de actualización.

No serán motivo de sanción aquellas expresiones que se realicen en apego a la libertad de expresión, siempre y cuando no inciten o consistan en terrorismo o realicen la apología del odio nacional, racial, sexual o religioso, o constituya discriminación, hostilidad, instigación o realización de genocidio o de pornografía infantil.”

Al parecer, quieren meter a la cárcel a los que cantan corridos bélicos, pero además a los artistas que abordan la temática del suicidio o incluso a las bandas de metal que tienen líricas violentas en contra de la religión.

Podrían dar de baja la canciones como de la temática de “molestando niños muertos” de Brujería; según el diputado del partido verde que presentó esta ley deben de estar en la cárcel.

Legalidad para atentar en contra de críticos del gobierno

En ese mismo artículo 78, menciona que “Serán consideradas como incitación o realización de violencia aquellas acciones que de forma sistemática, automatizada e intencional desinformen a la población provocando la manipulación individual o colectiva de las personas, transgrediendo los límites del derecho a la libertad de expresión.”

Parece que los hashtag referente a AMLO como narco-presidente, pueden meterte en aprietos con el gobierno, así como las denominadas “granjas de bots”, aunque demostraron que fue la propia agencia informativa del gobierno quien utilizaba cuentas en Twitter para atacar y desprestigiar a periodistas incómodos en la mañanera.

A su vez, el gobierno de México se ostenta como el poseedor de la verdad, en dado caso, por ese artículo pueden irse en contra de Loret de Mola u otro periodista como Anabel Hernández, pues en la conciencia de la 4T el concepto del artículo 78 es aplicable para ellos.

Tumbar sitios: censura gubernamental

El punto que resaltaron varios sitios preocupados ante esta ley de ciberseguridad es el artículo 53 fracción XIII, que obliga a proovedores de infraestructura digital, plataformas de redes sociales, comunidades de videojuegos en línea, streaming, plataformas de entretenimiento en línea y telecomunicaciones a “dar de baja direcciones IP, aplicaciones, dominios y sitios de internet dentro de 72 horas posteriores” después de que se lo ordene el gobierno.

Supuestamente la idea es evitar fraudes bancarios o el robo de identidades pero ¿Tirar dominios y sitios de Internet? Esto se presta a que se vayan en contra de periodistas o blogueros, es más, no especifíca en que caso deben hacerlo, solamente que las autoridades lo ordenan y estos deben obedecer.

Es sumamente preocupante, pues le da la facultad legal al gobierno a sabotear detractores y críticos, sitios con información de interés público sobre funcionarios corruptos o de hacktavismas como Guacamaya.

Conclusión

Tendría que ser muy bruto este gobierno que se ostenta de “humanista” y en pro de la libertad para realizar un paso más a la militarización del país, así como legislar a favor de las violaciones de derechos humanos de los ciudadanos tanto en música, artistas, recreación e incluso de expresiones que pueden ser consideradas “violentas”.

Es decir, si tweeteas algo como “con ganas de lanzar una bomba en San Lázaro”, puedes ser un criminal según esta ley, hay puntos abiertos que se presta a que este gobierno “humanista” sea todo fascista, autoritario y represor, el sueño del PRIAN cuando estaba en la silla.

Lo alarmante es que los medios no hagan eco de la gravedad del asunto, ni los usuarios de Internet pongan atención en esto, de que nos quieren quitar libertades, así como legalizar el vigilarnos hasta en nuestra intimidad si se les antoja; el presidente siniestro Peña Nieto fue señalado de espiar a la propia Carmen Aristegui y a su hijo menor de edad por medio de su celular.

El 28 de febrero se hará la votación de esta ley, esperemos que se comience hacer ruido, aunque con tanto adoctrinado como el senador Sergio Pérez Flores de Morena pidio expedir la ley federal de ciberseguridad, puede ser un tanto difícil pero no imposible, alza la voz.

Si quieres leer la ley, puedes hacerlo AQUÍ.