El decratazo de AMLO: un atentado contra la transparencia y el ciudadano

El 22 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México publicó un decreto declarando que sus obras públicas son asunto de seguridad nacional. Eso significa que ningún ciudadano podrá solicitar información sobre los contratos, costos o gastos de éstas, violando de esta forma el acceso a la información y a los principios de transparencia.

AMLO argumenta que es con el fin de agilizar trámites pero en realidad se debe a un reportaje realizado por Latinus donde expone empresas fantasmas en la obra del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía.

El 24 de noviembre, en la sección de Quien Es Quien En Las Mentiras, aseguran que el reportaje de Latinus es falso. Por su parte, AMLO ataca a Loret de Mola para que se nos olvide lo que es verdad y es mentira. El reportaje fue realizado por la periodista Isabela Gónzalez, no por Loret de Mola.

#QuienEsQuiénEnLasMentiras
Desmiente García Vilchis a Carlos Loret de Mola y Latinus por nota de empresas fantasma en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles. Desde 2019 a la fecha, el portal ha publicado 125 notas sobre el #AIFA, en su mayoría FALSAS. pic.twitter.com/YuUA3v7AoX

— Al Momento 4T (@Almomento4T) November 24, 2021

Isabel Gónzalez en su reportaje visitó varios domicilios de una empresas fantasmas, por ejemplo fue al de Eficaren, el cual registró ante la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) quien está encargada de la obra del aeropuerto Felipe Ángeles. La empresa obtuvo 5 contratos de adjudicación directa, misma empresa que quien sabe donde está.

Eficaren rentó tractocamiones a la SEDENA para la obra del aeropuerto Felipe Ángeles, quien antes rentó brincolinas al municipio de Puebla dando otra dirección falsa.

Esta es solamente una de varias empresas fantasmas que el ejército contrató. De los más de 900 contratos revisados, se percataron que el 70% fueron entregados por adjudicación directa y varias empresas fueron contratadas en el sexenio de Peña Nieto.

Por cierto, los más de 900 contratos revisados para ese reportaje fueron solicitados a transparencia y llama la atención que el reportaje se publicó el 18 de noviembre y el decretazo de AMLO fue hecho el 22 de noviembre.

Es decir, AMLO decidió hacer algo inconstitucional y violatorio a la ley federal de transparencia, según Animal Político.